Sociedad civil se agrupa en contra del desarme de los ciudadanos

No es novedad que la delincuencia se viene incrementando día a día en nuestro país. Continuamente presenciamos informaciones relacionadas a robos, sicariatos, entre otras. Y el mayor problema al que nos enfrentamos es la proliferación de delincuentes armados. Ante ello la pregunta cae por sí sola ¿Dónde consiguen armas de fuego los delincuentes?

Ante esta situación el gobierno está tomando una serie de medidas, insuficientes todas ellas, para eliminar la delincuencia de nuestro país. Sin embargo, en el proceso, están atentando contra el derecho de quienes de modo legal cuentan con armas de fuego.

El uso legal de armas de fuego, está reglamentado bajo la ley Nro 25053; sin embargo, con la promulgación de diversos decretos el gobierno pretende obviar esta ley y desarmar a la sociedad civil impidiendo que en la actualidad cualquier ciudadano pueda adquirirla armas legalmente.

“Cuando se desarma a los civiles, lo que se hace es darle más armas a los delincuentes. La delincuencia en nuestro país se ha incrementado considerablemente y con quitar las armas a aquellas personas que las obtienen de modo legal para defensa o deporte no estamos solucionando el problema. Solo en los Estados Unidos más de dos millones de personas con armas legales salvan sus vidas cada año ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en nuestro país?” señaló Rodrigo López, vocero de la Coalición por un Perú libre de armas Ilegales.

Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, entre el 2000 y el 2012, dos de cada tres denuncias de delitos (67.7%) fueron sobre asuntos de carácter patrimonial. Y entre estos delitos llama la atención el incremento de los robos (sustracción de bienes con violencia o amenaza sobre la persona) frente a los hurtos, que no implican violencia ni amenaza.

Las acciones que viene llevando a cabo el gobierno y que tienen una clara intención de desarmar a la sociedad civil, generarán los siguientes efectos:

1. La paralización del comercio legal de armas de menor calibre
2. El crecimiento exponencial del comercio informal e ilegal de dichas armas
3. El incremento consecuente del mercado negro de dichas armas
4. La desaparición y/o sustracción de las armas permitidas y con licencia, ahora proscritas por la nueva legislación, y las consecuentes denuncias policiales
5. El tráfico de armas dentro del país
6. El rearme de los grupos delincuenciales y subversivo-terroristas
7. El desarme de la población civil apegada a la ley y el orden
8. El aumento de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia de alta peligrosidad
9. El incremento de los delitos cometidos con armas de fuego
10. La indefensión de la población civil frente a los delincuentes armados.

Rodrigo López, señaló además que “los usuarios civiles de armas de fuego somos responsables y cumplimos la ley; no somos matones ni gente violenta. Somos ciudadanos respetables, la mayoría profesionales (médicos, ingenieros, abogados, licenciados, etc. incluso amas de casa) que compartimos una afición y que hemos decidido tomar el control directo de nuestra seguridad. Lo único que buscamos es la libertad responsable de ejercer nuestros derechos constitucionales”.

En nuestro país, mueren siete veces más personas por accidentes de tránsito que por armas de fuego. De allí que no es posible permitir el desarme de la población civil, que cumple con la legalidad, solo por la falta de decisión por parte del gobierno para atacar la ilegalidad y el tráfico de armas.