Luego de la
presentación de aproximadamente 100 acciones de amparo por diferentes miembros
de la Coalición por un Perú libre de armas ILEGALES, algunas de las cuales han
sido denegadas o declaradas inadmisibles, finalmente el Quinto Juzgado
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima
admitió la acción de amparo presentada por el Dr. Guillermo Morote E., en
representación de uno de los directivos de la Asociación de Tiro Defensivo del
Perú, contra el Ministerio del Interior.
Esta acción
de amparo busca dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 006–2013–IN del
12 de Abril de 2013, norma absolutamente arbitraria, contradictoria y hasta
improvisada, puesto que mezcla, modifica y hace referencia a diversas normas
legales, tratando de remediar algunas de las irregulares disposiciones que se
emitieron en un intento de conseguir un mejor control sobre las armas en manos
de usuarios civiles, algunos de los cuales se encontraban (y muchos aun se
encuentran) con licencias vencidas por lo engorroso y costoso de los trámites
modificados por el ejecutivo para la renovación de las licencias vencidas, así
como de la obtención de nuevas licencias de armas de fuego por parte de
civiles.
Los miembros de la Coalición por un Perú libre de
armas ILEGALES confían en que esta acción será la primera de muchas que serán
admitidas en reconocimiento de la violación de los derechos constitucionales de
las personas que se viene dando en estos momentos. “Comprendemos y estamos en
contra de la ola de delincuencia que se viene desarrollando en nuestro país,
pero desarmar a los civiles no solucionará el problema, solo lo incrementará”,
señaló Rodrigo López, vocero de la
Coalición.
Mediante este amparo se alega
afectación a su derecho a la propiedad, a la libertad de contratación, a la no discriminación, entre
otros, sustentando su demanda en los siguientes hechos fundamentalmente:
- Es propietario de diversas armas de fuego que fueron adquiridas lícitamente.
- Las normas que cuestionan son autoaplicativas, pues sus efectos de aplicación inmediata e incondicional, desde que la sexta disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo: 0006-2013-IN, le obliga a transferir sus armas de manera forzada y sólo a los miembros de la Policía y de las fuerzas armadas.
- También se afecta su derecho de propiedad debido a que se le obliga a vender su arma sin que ello sea su intención y aplicándose normas de forma retroactiva.
- Finalmente, señala que se le pretende confiscar su propiedad (bien mueble) sin que exista ley que permita eso, por lo que considera inconstitucional el reglamento que cuestiona.
La Coalición
por un Perú libre de armas ILEGALES espera que los jueces responsables actúen
con total independencia en este caso.
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