¿Nos hemos
detenido a pensar en los costos que se generan luego de la publicación de una
ley, decreto supremo, reglamento, etc. que no ha sido analizado cuidadosamente?
A continuación, la Coalición por un Perú libre de armas ILEGALES comparte
algunas cifras que se derivan del D.S. N° 006–2013–IN.
Sobre las renovaciones de Licencias
Se redujo el
plazo de vigencia de las licencias de armas de CINCO años a UN año.
Considerando que según Sucamec, existen más de 250 mil licencias de armas de
fuego ¿Cuántas personas más requerirá esta institución del Estado para atender
a todos los que renueven sus licencias?
Según datos proporcionados
por la misma SUCAMEC, ellos solo pueden atender a 280 usuarios al día (140
vigilantes particulares en las mañanas y 140 usuarios particulares en las
tardes) por lo que un simple cálculo matemático nos confirma que es IMPOSIBLE
que SUCAMEC esté en condiciones de RENOVAR TODAS las licencias de armas
emitidas en UN AÑO.
Si
consideramos un aproximado de 250 días útiles en un año (descontando sábados,
domingos y feriados) se requerirían casi MIL días útiles para poder procesar y
renovar las licencias YA EXISTENTES. El tema se complica todavía más si
consideramos las licencias nuevas.
Sobre las Horas-Hombre perdidas en trámites
burocráticos para la renovación de licencias
En lugar de
facilitar los trámites para que los usuarios legales de armas de fuego puedan
cumplir con tener todas sus armas debidamente registradas y licenciadas, la
actual administración de la SUCAMEC sigue poniendo más trabas y trámites
burocráticos, que lo único que consiguen es cansar a los usuarios legales e
irlos empujando hacia la informalidad o irregularidad.
Se estima
que en reunir todos estos papeles y certificados le toman al ciudadano un
mínimo de 12 horas y un costo de alrededor de S/.300.00. Si a esto le sumamos
un mínimo de otras 4 horas para realizar los trámites dentro de Sucamec,
estamos hablando de 16 horas perdidas por licencia, por lo que si consideramos
las 250 mil licencias existentes, nos da un aproximado de CUATRO MILLONES DE
HORAS HOMBRE PERDIDAS ¿Puede un país como el nuestro darse el lujo de PERDER
esa cantidad de horas hombre en trámites burocráticos?
Sobre los Exámenes de Salud Mental
El último
Dispositivo Legal que normaba este punto era el DS 0015-2002-IN de Noviembre
del 2002, que estipulaba que los exámenes de Salud Mental serían emitidos por
los establecimientos de Salud Públicos y/o
Privados, AUTORIZADOS por el Ministerio de Salud y REGISTRADOS en la
DICSCAMEC.
Este punto
ha sido cambiado en el D.S. Nro. 006-13-IN de abril de este año, y ahora se
solicita "Certificado de Salud Mental, que incluya examen PSICOLÓGICO y
PSIQUIÁTRICO, expedido por establecimientos SALUD PÚBLICOS autorizados por el
Ministerio de Salud y registrados por la SUCAMEC".
Es
públicamente conocido el problema que existe a nivel nacional sobre la falta de
capacidad de los establecimientos públicos de salud para poder atender y cubrir
los requerimientos básicos de salud de la población a su cargo por falta de
infraestructura y personal médico y a esto le quieren sumar la OBLIGACIÓN de
atender a un grupo adicional de más de 250 mil usuarios legales de armas de
fuego que tendrían que pasar por una examen de Evaluación Psicológica y otro de
Evaluación Psiquiátrica.
Si
consideramos que entre estas dos pruebas se necesitaría por lo menos una hora
de tiempo por persona si no es más, se requerirían por lo menos de 125 mil
horas de atención cada año, por parte de
médicos psicólogos y otras 125,000 horas de atención de médicos psiquiatras, es
decir aproximadamente un poco mas de 1,000 horas de atención medica diarias
(repartidas entre todas las entidades públicas del sector Salud) que podrían
ser destinadas a personas que realmente necesiten ser atendidos por verdaderos
problemas de salud.
Esto no
considera que el tiempo perdido en traslados, colas y tiempo de los exámenes en
sí (fácilmente de 3 a 4 horas mínimo por persona) superaría largamente el millón
de horas/hombre perdidas adicionales a las mencionadas líneas arriba.
Considerando
la situación precaria de nuestro sistema de salud estatal ¿No sería conveniente
permitir que las entidades privadas que ya han venido brindando el servicio de
emisión de certificados continúen con la tarea?
“Esta es una
muestra de cómo una ley mal elaborada puede generar grandes sobrecostos al
Estado. Quienes poseen armas legales no son el problema de la inseguridad
ciudadana y no es justo que se nos presenten trabas para continuar en el camino
de la legalidad” señaló Rodrigo López, vocero de la Coalición por un Perú libre
de armas ILEGALES.
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