En 46 días 175 mil armas pasarán a la irregularidad y con ello aumenta el riesgo de inseguridad ciudadana

En aproximadamente 6 semanas se cumple el plazo de 180 días calendarios "otorgados" por  la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N° 006-2013-IN, para que los usuarios legales de armas de fuego, que "posean armas 9mm Luger o Parabellum o en cantidades mayores a las permitidas" transfieran las mismas. En el caso de las armas en calibre 9mm Luger o Parabellum, la transferencia sólo podrá ser realizada a miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta arbitraria y anticonstitucional disposición afectará a varios miles de usuarios legales de armas de fuego, que en su oportunidad adquirieron estas armas y obtuvieron las licencias correspondientes, cumpliendo con todos los requisitos de las leyes y reglamentos vigentes en aquellos momentos.

“Considerando que dichas armas han sido adquiridas legalmente y reconocidas por el Estado al entregar las licencias a sus respectivos dueños, se está atentando contra el derecho a la propiedad. Así también, están empujando a miles de usuarios a la ilegalidad al poner cada vez más trabas para sacar nuevas licencias o renovar las existentes”, señaló Rodrigo López, vocero de la Coalición por un Perú Libre de Armas ILEGALES.

Debido a estos puntos y otros derechos constitucionales afectados en este decreto supremo, los ciudadanos en general se unen en una marcha pacífica frente a Sucamec para llamar la atención de las autoridades, quienes al parecer no están considerando que todas las complicaciones que generan en los usuarios de armas legales. “Nos encontramos en una etapa muy crítica de la seguridad ciudadana. Todos los días vemos morir gente a mano delincuentes armados para quienes las leyes son lo suficientemente severas”, acotó Rodrigo López.

El uso legal de armas de fuego, está reglamentado bajo la ley Nro 25054; sin embargo, con la promulgación de diversos decretos el gobierno pretende obviar esta ley y desarmar a la sociedad civil impidiendo que en la actualidad cualquier ciudadano pueda adquirirla armas legalmente.

Las acciones que viene llevando a cabo el gobierno y que tienen una clara intención de desarmar a la sociedad civil, generarán los siguientes efectos:

1. La paralización del comercio legal de armas de menor calibre
2. El crecimiento exponencial del comercio informal e ilegal de dichas armas
3. El incremento consecuente del mercado negro de dichas armas
4. La desaparición y/o sustracción de las armas permitidas y con licencia, ahora proscritas por la nueva legislación, y las consecuentes denuncias policiales
5. El tráfico de armas dentro del país
6. El rearme de los grupos delincuenciales y subversivo-terroristas
7. El desarme de la población civil apegada a la ley y el orden
8. El aumento de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia de alta peligrosidad
9. El incremento de los delitos cometidos con armas de fuego
10. La indefensión de la población civil frente a los delincuentes armados.

La inseguridad ciudadana no se solucionará desarmando a la sociedad, sino aplicando las leyes a quienes las infrinjan. Todo ciudadano tiene derecho a defenderse, a adquirir armas y con ello tiene la obligación de utilizarlas responsablemente. Los usuarios civiles de armas de fuego son responsables y cumplen con la ley; no son matones ni gente violenta. Son ciudadanos respetables, la mayoría profesionales (médicos, ingenieros, abogados, licenciados, etc. incluso amas de casa) que comparten una afición y que han decidido tomar el control directo de su seguridad. Lo único que se busca es la libertad responsable de ejercer sus derechos constitucionales.