martes, 24 de septiembre de 2013

La mayor parte de armas incautadas a delincuentes provienen de las FF.AA. y policiales

Ante la reciente publicación del DS N°014–2013–IN que modifica el marco legal para la obtención y renovación de licencias para porte y uso de armas de fuego, la Coalición por un Perú Libre de Armas ILEGALES se pronunció y dijo respecto a las recientes declaraciones de representantes de Sucamec, que es necesario difundir información precisa y sin ánimos de confundir a la opinión pública.

Así, Rodrigo López, vocero de la Coalición, se manifestó enérgicamente en contra de las recientes afirmaciones de Sucamec que aseguran que el mercado de usuarios civiles está siendo parte de las armas que están derivándose a la delincuencia.

“No existen fuentes oficiales que determinen que la obtención de armas de fuego por parte de la delincuencia provenga de los usuarios civiles legales. En todo caso; ¿existe esa misma información en cuanto a que la delincuencia obtiene armas de las FF.AA. o policiales? Si es así, ¿Cuáles son los indicadores? Si 30 por ciento de las armas en manos de los delincuentes tuvo origen legal,  ¿70 por ciento restante provienen del mercado negro?”, cuestionó López.

Cabe precisar que el registro que tiene Sucamec también contempla licencias otorgadas a las FF.AA. y policiales ya que estas instituciones también requieren inicialmente de licencia para el porte y uso de armas de fuego que adquieren de forma particular, por lo tanto “también habría que aclarar qué cantidad de armas proviene de las fuerzas del orden y que actualmente están en manos de la delincuencia”, aseveró el vocero de la Coalición.

Asimismo hizo hincapié en que las FF.AA. y policiales también deben estar afectas al marco regulatorio actual ya que la licencia expedida por Sucamec sólo se da para ellos al momento de la adquisición del arma, pero es la institución armada la que posteriormente emite una licencia para los efectivos del orden y que no necesita ser renovada.

Renovación de licencias y exámenes de salud
De otro lado, López recordó que si bien el DS N°014 – 2013 – IN establece que los centros de salud privados (clínicas, policlínicos privados, centros médicos e institutos) pueden emitir certificados de salud para obtener o renovar licencias de armas de fuego, esta situación aún está proceso ya que deberán tener, por lo menos, la categoría I-3 acreditada por el Ministerio de Salud.

“Como es evidente, este trámite y la capacidad de atender toda la demanda a nivel nacional tomará algún tiempo hasta que los centros de salud se afilien y certificados se otorguen de manera amplia y fluida, mientras tanto, el panorama es preocupante porque más armas pasan a la irregularidad por culpa de una norma que desde el inicio fue ineficiente”, sentenció Rodrigo López.

Ley con espíritu confiscatorio
De otro lado, la Coalición afirmó que el actual marco regulatorio, al margen de las nuevas medidas correctivas, aun sigue atentando contra derechos constitucionales básicos como el de la propiedad. El reciente Decreto Supremo aún persiste en que los usuarios civiles entreguen en un plazo no mayor a 5 años una inversión legalmente adquirida a las FF.AA. o policiales, específicamente las Parabellum 9mm.


“Este Decreto Supremo aún tiene un espíritu confiscatorio y queda claro que tarde o temprano el Gobierno del presidente Humala se apoderará de nuestros bienes (armas) transgrediendo así derechos fundamentales como el de la propiedad y la legítima defensa”, puntualizó.

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